Amnistía Internacional declaró que “las autoridades de Sri Lanka deben respetar los derechos humanos durante el estado de excepción”.
Cabe recordar, de acuerdo al organismo, que se ha pronunciado el estado de excepción en Sri Lanka después de dos incidentes graves de violencia contra miembros de la minoría musulmana del país. El 5 de marzo, una multitud incendió viviendas, comercios y una mezquita en la zona de Digana, de Kandy, en el centro del país. El incidente se produjo apenas unos días después de un ataque similar cometido en el distrito costero oriental de Ampara, el 26 de febrero.
Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia Meridional, señaló que “es importante que las autoridades tomen medidas contra las multitudes que han incitado al odio y cometido actos de violencia contra minorías religiosas. Tienen la obligación de proteger a los grupos vulnerables y de hacer que los perpetradores rindan cuentas de sus actos. Pero un estado de excepción no debe convertirse en pretexto para cometer nuevos abusos contra los derechos humanos”.
De acuerdo al órgano la declaración del estado de excepción se produce en un contexto de temor de que la violencia contra miembros de la minoría musulmana pueda extenderse a diferentes partes del país. Las facultades previstas en el estado de excepción confieren a las autoridades amplios poderes, incluidos los relativos a practicar registros y detenciones, y a recluir a personas. En Sri Lanka hubo un estado de excepción desde 1971 hasta 2011.
El primer ministro Ranil Wickremesinghe tuiteó “como nación que ha soportado una guerra brutal todos somos conscientes de los valores de la paz, el respeto, la unidad y la libertad. El gobierno condena los ataques racistas y violentos que se han cometido en los últimos días. Se ha declarado el estado de excepción y no vacilaremos en tomar más medidas”.
Biraj Patnaik concluyó que “aunque es positivo que el gobierno desee prevenir actos de violencia futuros, todas las medidas que se tomen para abordar el problema deben ser conformes a las obligaciones contraídas por Sri Lanka en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que incluyen la prohibición absoluta de la tortura, de los juicios injustos y de la detención arbitraria”.

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