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Amnistía Internacional afirma que existen nuevas pruebas de que prosigue limpieza étnica mientras fuerzas armadas privan de comida, secuestran y roban a la población rohingya en Myanmar.

Matthew Wells, asesor general del órgano en respuesta a la crisis, manifiesta que ?hacen falta con urgencia un embargo de armas y sanciones específicas para transmitir el mensaje de que no se van a tolerar estas violaciones?.

9 de febrero de 2018

Amnistía Internacional declara que “la devastadora campaña de las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine dista de haber terminado”, lo que en las últimas semanas han obligado a huir a cientos de personas más.
El órgano afirma que a finales de enero de 2018, entrevistó a 19 hombres y mujeres rohingyas recién llegados a Bangladesh, que dijeron que habían huido debido a la privación forzada de alimentos, los secuestros y los saqueos.
A continuación asevera que las agencias humanitarias han documentado miles de nuevas llegadas durante diciembre y enero, y muchos días aún cruzan la frontera decenas de personas.
Matthew Wells, asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, afirmó que “escudadas tras los desmentidos oficiales y las mentiras, y un esfuerzo concertado para negar el acceso a investigadores independientes, las fuerzas armadas de Myanmar siguen eludiendo las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad”.
A continuación, agrega que “las fuerzas de seguridad de Myanmar están recurriendo a patrones arraigados de abusos para expulsar silenciosamente del país al mayor número posible de rohingyas. Si no hay una acción internacional más efectiva, esta campaña de limpieza étnica continuará su desastrosa marcha”.
Amnistía explica que la opresión continua parece concebida para hacer que el norte del estado de Rajine sea inhabitable para las decenas de miles de rohingyas que siguen viviendo allí, y se ha desatado tras la implacable campaña de violencia de las fuerzas armadas de Myanmar que ha llevado a que, desde agosto del año pasado, más de 688.000 personas rohingyas hayan pasado al otro lado de la frontera, a Bangladesh.
El órgano recuerda que el 25 de agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó una operación militar contra la población civil rohingya en el norte del estado de Rajine después de que el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán atacase alrededor de 30 puestos de las fuerzas de seguridad. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas figuran homicidios generalizados de mujeres, hombres y niños y niñas; violaciones y otras formas de violencia sexual de mujeres y niñas; expulsiones masivas y el incendio sistemático de pueblos.
Además, agrega que las personas que han llegado recientemente a Bangladesh estuvieron en Myanmar durante todos estos sucesos, intentando proteger sus propiedades y salvaguardar su derecho a vivir en sus pueblos.
“Desde que comenzó la crisis, la respuesta de la comunidad internacional a las atrocidades que se están cometiendo contra la población rohingya es débil y poco eficaz, pues o bien no comprende la gravedad de la situación en el norte del estado de Rajine o bien no presiona lo suficiente a las fuerzas armadas de Myanmar para que pongan fin a la limpieza étnica”, concluyó Matthew Wells.
Por último manifiesta que “hacen falta con urgencia un embargo de armas y sanciones específicas para transmitir el mensaje de que no se van a tolerar estas violaciones. También urge el acceso sin trabas y sostenido de la ayuda humanitaria a todo el norte del estado de Rajine”.

 

Vea texto íntegro del documento

 

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