El Tribunal Constitucional de España admitió a trámite la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación contra el Acuerdo GOV/138/2017, de 2 de octubre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña.
Asimismo, el Tribunal Constitucional español acordó la suspensión de la vigencia y aplicación del Decreto impugnado, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del art. 161.2 de la Constitución.
El Pleno de la Magistratura Constitucional española acordó conferir traslado de la demanda a la Generalitat de Cataluña, la que dispondrá de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones estime conveniente, suspendiéndose ese plazo durante el tiempo en que, en virtud de las medidas aprobadas el 27 de octubre de 2017, el Consejo de Ministros ejerza las funciones y competencias que corresponden al Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Vea textos íntegros del comunicado y de la resolución.
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