Amnistía Internacional afirma que las personas refugiadas y migrantes sufren de manera habitual violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios libios, así como abusos infligidos por grupos armados y bandas criminales, que a menudo actúan en estrecha colaboración y por conveniencia económica mutua.
A continuación asevera que en un país sin ley, las personas refugiadas y migrantes se han convertido en un recurso que se puede explotar, en un bien alrededor del cual se ha formado toda una industria, como pusieron de relieve el mes pasado las terribles imágenes mostradas en la CNN de una actividad que parecía ser una subasta de esclavos.
Luego arguye que por la reacción de los líderes mundiales ante esas granuladas imágenes, cualquiera diría que se trata de algo inesperado y que es un problema propio de África, pero nada podría estar más lejos de la verdad.
A su juicio, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros –Italia en particular– se han centrado en su objetivo de restringir la afluencia de migrantes a través del Mediterráneo sin pensar apenas en las consecuencias para las personas atrapadas en Libia debido a ello o sin que parezcan preocuparles mucho.  Se han puesto a firmar acuerdos de cooperación con autoridades libias que son responsables de graves violaciones de derechos humanos, en particular la Guardia Costera y la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal.
Enseguida Amnistía arguye que si bien el número de llegadas a Italia ha descendido un 67% entre julio y el 7 de noviembre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado, y las muertes en el mar se han reducido de manera similar, las personas refugiadas y migrantes que la Guardia Costera intercepta son enviadas a centros de detención de la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal donde reciben un trato terrible. Hasta 20.000 personas se hallan recluidas actualmente en estos centros de detención en condiciones de insalubridad y hacinamiento.
Añade que la colusión entre guardias, traficantes y agentes de la Guardia Costera relega a las personas migrantes y refugiadas a una destructiva espiral de explotación en la que quedan atrapadas. Los guardias de los centros de detención las extorsionan por medio de torturas. Si pagan, las dejan en libertad. También pueden dejarlas en manos de contrabandistas que pueden sacarlas de Libia en cooperación con la Guardia Costera. Los acuerdos entre la Guardia Costera y los contrabandistas se indican poniendo marcas en los barcos para que pueden navegar por aguas libias sin ser interceptados, y se sabe que la Guardia Costera ha llegado incluso a escoltar barcos hasta aguas internacionales.
Así, indica, las acciones de los países europeos están dando lugar a un aumento del número de personas que son abordadas o interceptadas. Con ellas, los gobiernos europeos, en particular Italia, incumplen sus obligaciones internacionales y se convierten en cómplices de las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades libias a las que brindan su patrocinio y su cooperación.
Finalmente, propone que este juego de fuerzas se aborde aumentando el número de vías legales y seguras de entrada a los países europeos y de regreso de ellos. No es sostenible ni admisible abordarlo recurriendo a los servicios de actores corruptos y dados a cometer abusos en los países de tránsito para que corten las rutas a medio camino, sin tener en cuenta cómo lo hacen ni las consecuencias para las personas que queden atrapadas a causa de ello.

Vea texto íntegro del comunicado

RELACIONADOS
*Amnistía Internacional se pronuncia sobre las tácticas peligrosas e ilegales que despliega el Gobierno de Honduras para silenciar a la población…
*Amnistía Internacional se pronuncia sobre anuncio del Presidente Trump sobre reconocimiento de Jerusalén unificada como capital de Israel…