Amnistía Internacional publica “Siria: la estrategia de obligar a rendirse o morir de hambre para desplazar a miles de personas constituye crímenes de lesa humanidad”.
Sostiene que la campaña de asedios, homicidios ilegítimos y desplazamiento forzado llevada a cabo por el Gobierno, que ha dejado a miles de civiles desarraigados y obligados a vivir en pésimas condiciones, constituye crímenes de lesa humanidad.
Detalla que “We leave or we die”: Forced displacement under Syria’s ‘reconciliation’ agreements  (“’Nos marchamos o morimos’: Desplazamiento forzado por los acuerdos de ‘reconciliación’ en Siria”) examina cuatro de estos pactos locales y documentos conexos, relacionados con violaciones del derecho internacional que se remontan a 2012. Firmados entre agosto de 2016 y marzo de 2017, los acuerdos han dado lugar al desplazamiento de miles de personas residentes en seis zonas sometidas a asedio: Daraya, el este de la ciudad de Alepo, Al Waer, Madaya, Kefraya y Foua.
A continuación señala que el Gobierno sirio y, en menor medida, los grupos armados de oposición ha sitiado a civiles de manera ilegítima, privándolos de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad, y han efectuado ataques ilegítimos contra zonas densamente pobladas.
Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional, dice que “aunque el fin declarado del gobierno sirio era la derrota de combatientes de la oposición, sus cínicas tácticas de “rendirse o morir de hambre” han comportado una devastadora combinación de asedios y bombardeos. Estas operaciones formaban parte de un ataque sistemático y generalizado contra civiles, que constituye crímenes de lesa humanidad”.
Agrega que “todos los Estados deben cooperar para eliminar la oscura mancha en la conciencia del mundo que representa la persistencia de la impunidad de estos crímenes. No tienen forma más sencilla de hacerlo que proporcionar apoyo y recursos al mecanismo internacional, imparcial e independiente recién establecido por la ONU para contribuir a investigar y enjuiciar a los responsables.”
Amnistía manifiesta que las personas sometidas a estas terribles violaciones del derecho internacional no tenían más elección que abandonar en masa sus hogares. Debido a ello, miles de familias viven ahora en campos de acogida improvisados, con acceso limitado a la ayuda humanitaria y a la atención de otras necesidades básicas y con escasas oportunidades de ganarse la vida.
“Si el Gobierno sirio, así como grupos armados de oposición como el Movimiento Islámico Ahrar al Sham y Hayat Tahrir al Sham, está realmente comprometido con la reconciliación, debe poner fin de inmediato a estas prácticas ilegítimas, levantar los asedios y acabar con los ataques contra los miles de civiles que continúan sitiados en toda Siria”, ha añadido Philip Luther.
Amnistía aclara que el informe está basado en entrevistas realizadas entre abril y septiembre de 2017 a 134 personas, entre las que había personas desplazadas que habían soportado asedios y ataques, trabajadores y expertos en ayuda humanitaria, periodistas y funcionarios de la ONU. Asimismo, ha examinado también decenas de vídeos e imágenes de satélite para corroborar los relatos de los testigos. Ha pedido la opinión sobre sus conclusiones a las autoridades sirias y rusas, que no han contestado, y al Movimiento Islámico Ahrar al Sham, que sí lo ha hecho.

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