Amnistía Internacional acoge con satisfacción la entrada en vigor de una reciente sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala cuyo efecto es la abolición de la pena de muerte para los delitos comunes.
El órgano sostiene que el 24 de octubre de 2017 declaró inconstitucionales varios artículos del Código Penal y de la Ley Contra la Narcoactividad que permitían la imposición de la pena de muerte por considerar que violaban el principio de legalidad y la prohibición, consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de extender el ámbito de aplicación de la pena de muerte.
Guatemala se convierte así en el 142º país que elimina este castigo en la ley o en la práctica, hito sobre el que las autoridades deben trabajar para relegar totalmente la pena de muerte a los libros de historia.
Como consecuencia de esta decisión, explica Amnistía a partir de ayer ya no podrá imponerse la pena de muerte por delitos tipificados en las leyes ordinarias de Guatemala.
A su juicio, esto constituye un paso adelante para la promoción y protección de los derechos humanos en el país y un importante hito en su camino hacia la abolición.
Amnistía recuerda que la última condena a muerte del país se conmutó en 2012, no obstante la buena noticia, la pena capital aún puede aplicarse en virtud del Código Militar.
Por ello, Amnistía Internacional pide a los miembros del Congreso de Guatemala que aprovechen la oportunidad que ofrece el impulso renovado que ha creado la resolución de la Corte para abolir inmediatamente la pena de muerte para todos los delitos.
A continuación, el órgano plantea que mientras se presentan en el Congreso de Guatemala propuestas para facilitar la aplicación de esta pena, la más reciente de ellas en octubre de 2017, los legisladores del país tienen ante sí una oportunidad única de convertir en historia la pena de muerte para todos los delitos adoptando con rapidez una ley para tal fin.
Cabe señalar, de acuerdo a Amnistía, que en julio de 2016 se presentó en el Congreso la iniciativa de ley 5100 para abolir la pena de muerte, que recibió la aprobación conjunta de las tres comisiones parlamentarias (Derechos Humanos, Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia y Legislación y Puntos Constitucionales) el mes siguiente. El 13 de octubre de ese año, la iniciativa fue sometida a la primera lectura en la sesión plenaria del Parlamento y hasta la fecha está pendiente de la decisión del Congreso.
De acuerdo al órgano, el impulso creado por estos cambios en Guatemala debe ser también una llamada de atención para otros países de la región de las Américas y el Caribe.
En este punto, argumenta que mientras algunos defensores de la pena de muerte justifican su retención basándose en la premisa errónea de que tiene un efecto disuasorio único frente a la delincuencia, la tendencia está cambiando continuamente. Estados Unidos es el único país del continente americano que ha llevado a cabo ejecuciones en los últimos nueve años y sólo otros tres países —Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago— han impuesto condenas a la pena capital. En los últimos años, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Jamaica y Santa Lucía han informado de la ausencia de personas en el corredor de la muerte, tras la conmutación de las penas pendientes, indica.
A su vez, Amnistía dice que hace cinco años había casi 100 personas condenadas a muerte en el Caribe, cifra que había bajado a 72 a finales de 2016: un descenso importante para una región con tasas de asesinato significativamente elevadas y cifras bajas de detección. Surinam abolió la pena de muerte en 2015, dejando a Guyana como último país retencionista de Sudamérica. En Barbados están pendientes enmiendas legislativas para abolir la pena de muerte preceptiva.
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