Una juez federal ordenó al gobierno de los Estados Unidos que permita que una joven inmigrante indocumentada, de 17 años, pueda tener un aborto y  ordenó que las autoridades lleven "pronto y sin demora" a la joven a una clínica donde hacen abortos o que permitan que otros la lleven.

El caso se originó en Texas, donde la joven está detenida por autoridades de inmigración, y fue llevado a una corte federal en Washington por la organización Unión de Libertades Civiles.

La joven ya había recibido una orden de la corte donde se le permitía que tuviera el aborto, pero funcionarios de inmigración se habían negado a transportarla a la clínica o de ponerla en libertad para que otras la llevaran.

Los abogados del Fiscal General, Jeff Sessions, indicaron a la juez, Tanya Chutkan, que la joven no tenía el derecho constitucional a un aborto electivo bajo custodia federal, a menos que fuera una emergencia médica. Embarazadas menores de edad, indocumentadas, no tienen el derecho a aborto, y abrir la puerta a ese derecho "infringiría significativamente los intereses del gobierno de preservar la vida y proteger las fronteras nacionales". A ello la juez replicó que el gobierno parecía darle a la adolescente dos opciones: voluntariamente devolverse a la nación de la que salió para que se pueda procurar el aborto, o que lleve a término un embarazo no deseado. No necesita tener una emergencia médica para que se respete su derecho a un aborto, sentenció.

Los abogados de la Unión de Libertades Civiles argumentaron que se estaba "fuera de cualquier tipo de límites constitucionales" que el gobierno bloqueara a la adolescente su derecho al aborto, el cual está preservado en la sentencia Roe vs. Wade de la Corte Suprema en 1973.

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