La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia la muerte violenta de al menos 7 campesinos, incluyendo dos miembros del pueblo indígena Awá, en el municipio de Tumaco, en Colombia. La CIDH urge a las autoridades colombianas a adoptar medidas urgentes para investigar de manera exhaustiva estos hechos y garantizar la seguridad e integridad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Asimismo, la CIDH condena el ataque ocurrido tres días después contra una misión humanitaria, periodistas y miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y Policía Antinarcóticos.

En su comunicado, la CIDH expone que la información disponible indica que el ataque contra los campesinos se produjo el 5 de octubre de 2017, en el marco de una movilización campesina en contra de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y en reclamo por el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz y del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) acordado con el Estado. Como resultado al menos 7 campesinos murieron y otras 20 personas resultaron heridas. 

Enseguida, se expresa que el Ejército y la Policía Nacional señalaron que las indagaciones preliminares apuntaron a que un grupo residual de las FARC, ex columna Daniel Aldana, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y que luego atacaron con fusiles y ametralladoras a manifestantes y a autoridades. No obstante, la CIDH expresa su grave preocupación respecto a la información aportada por habitantes de la región, según la cual miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de estos hechos, por lo que espera un pronto esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2017, una comisión humanitaria se trasladó a la zona para verificar los hechos, encabezada por el  Vice-defensor del Pueblo y el Director del Sistema de Alertas Tempranas. Testigos aseguraron que los miembros de la delegación fueron atacados por miembros de la Policía Antinarcóticos.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo señaló que los testimonios recogidos en la zona de los hechos permiten inferir la presunta participación de funcionarios de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas, y recomendó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación y a la Procuraduría General de la Nación determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre constituyen falta disciplinaria. La CIDH toma nota que la Procuraduría designó al Procurador Delegado de Derechos Humanos para que asuma la investigación integral de los hechos; y que la Inspección General de la Policía Nacional procedió a aplicar la medida de suspensión disciplinaria a cuatro policías que presuntamente accionaron sus armas de fuego. Así, la CIDH concluye tomando nota que la Fiscalía General de la Nación dispuso un grupo especial de investigadores para el esclarecimiento de los hechos.

Vea texto íntegro del comunicado.

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