Amnistía Internacional manifestó que “las autoridades rusas deben abolir su absurda ley de propaganda homosexual” y poner fin a la persecución de los y las activistas de derechos humanos”.
Ello después de que a una activista se le haya impuesto una fuerte multa por publicar en las redes sociales enlaces a historias relacionadas con el colectivo LGBTI.
El órgano sostiene que Evdokia Romanova ha sido declarada hoy culpable del delito administrativo de “propaganda entre menores, usando Internet, de relaciones sexuales no tradicionales”, y ha sido multada con 50.000 rublos (870 dólares estadounidenses) por un tribunal en Samara.
Amnistía Internacional explica que las acusaciones contra ella se refieren a enlaces que compartió en Facebook en 2015 y 2016, incluidos un artículo de The Guardian en torno al referéndum irlandés sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y un artículo en Buzzfeed sobre una exposición LGBTI en San Petersburgo.
Denis Krivosheev, director adjunto para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, sostuvo que “las absurdas acusaciones contra Evdokia Romanova son una triste ilustración de las desesperadas circunstancias a las que se enfrentan actualmente los y las activistas que trabajan sobre cuestiones LGBTI en Rusia. Incluso la simple libertad de compartir con tus amistades un artículo online está ahora limitada por una legislación que es flagrantemente discriminatoria y homófoba”.
A continuación, agrega que “la ley de propaganda homosexual no sólo se está explotando para atacar a personas como Evdokia Romanova. También se está utilizando como instrumento para propagar el miedo y la incertidumbre entre los y las activistas LGBTI en todo el país. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades rusas para que deroguen esta legislación y respeten el derecho a la libertad de expresión de todas las personas”.
Luego, Amnistía Internacional se refiere a la ley que prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores” —también llamada “ley de propaganda homosexual”—, aprobada en Rusia en junio de 2013, que introdujo en el Código de Infracciones Administrativas ruso el artículo 6.21, que permite imponer fuertes multas a quienes, según las autoridades, promuevan “relaciones sexuales no tradicionales”.
Amnistía Internacional considera que esta ley vulnera la libertad de expresión, y ha venido haciendo campaña en favor de su abolición. En junio de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió que esta práctica era discriminatoria.

Vea texto íntegro del comunicado 

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