Katharine Derderian, experta de Amnistía Internacional en política exterior de la UE en materia de derechos humanos, da a conocer el relato de un testigo de 48 años de edad sobre cómo el ejército y la policía habían irrumpido en su pueblo, situado en el norte del estado de Rajine (Myanmar), a principios de septiembre, señalando que “cuando llegaron los militares, empezaron a disparar contra la gente, que se asustó mucho y echó a correr. Vi a los militares disparar contra mucha gente y matar a dos muchachos. Utilizaron armas para quemar nuestras casas. En nuestro pueblo había 900 casas; ahora sólo quedan 80. No queda nadie, ni siquiera para enterrar los cadáveres.”
A continuación, el documento sostiene que en poco menos de dos meses, más de 520.000 rohingyas se han visto obligados a huir de sus casas debido a una campaña generalizada de tierra arrasada. Las fuerzas de seguridad de Myanmar, a menudo apoyadas por grupos parapoliciales, han quemado pueblos enteros de rohingyas y disparado al azar a la gente en su huida.
Luego, se señala que la campaña de violencia, que comenzó en respuesta a los ataques coordinados contra puestos de seguridad cometidos por un grupo armado rohingya el 25 de agosto, no parece que vaya a remitir. Amnistía Internacional documentó nuevos incendios en pueblos rohingyas el mismo fin de semana pasado. Refugiados rohingyas siguen cruzando la frontera con el vecino Bangladesh por sus medios. Por si fuera poco, existen pruebas crecientes de que la gente ya no huye sólo de la violencia, sino también de la propia amenaza real de morir de hambre, dado que las autoridades myanmaras han bloqueado el acceso de los grupos de ayuda humanitaria a zonas clave del estado de Rajine.
De acuerdo a Amnistía Internacional, el alcance y la velocidad de lo que tanto la ONU como Amnistía califican de “limpieza étnica” –que implica crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato, el traslado forzoso de población y otros actos inhumanos– han pillado a contrapié a la comunidad internacional, poniendo al descubierto la incapacidad de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros para responder a tiempo y de forma unificada y decisiva.
Enseguida, el órgano arguye que hasta el año pasado, la UE lideraba una resolución anual sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar en la Asamblea General de la ONU; pero este año decidió que ya no era necesaria, aduciendo que las autoridades de Myanmar habían hecho “progresos”. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos se opusieron públicamente a la medida por considerarla prematura. Algo que tristemente ha venido a demostrar la crisis actual.
Por ello, Amnistía Internacional solicita desesperadamente el liderazgo de la UE en materia de derechos humanos, pero la desunión entre los Estados miembros y la falsa dicotomía de valores frente a intereses han tenido recientemente como consecuencia que la UE no se haya pronunciado con suficiente firmeza ni haya actuado con la coherencia necesaria sobre los abusos cometidos contra los derechos humanos. Así ha sucedido en su respuesta a la situación de los derechos humanos en Egipto, en China y también en Myanmar, indica.
A juicio de Amnistía, esperar a ver cómo evoluciona la situación para actuar no es una opción válida. La UE verá su credibilidad y legitimidad puestas en entredicho en todo el mundo si no consigue transformar la postura conjunta expresada en medidas frente a los homicidios, la quema de pueblos y la expulsión de más de medio millón de personas.
Finalmente, plantea "hoy somos testigos de la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Myanmar; si la UE no adopta una posición conjunta y actúa ya en defensa de los derechos humanos, ¿cuándo lo hará?"

Vea texto íntegro del documento

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