La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), declaró responsable al Estado de Brasil por violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal en perjuicio de familiares de las personas que fueron asesinadas y de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante incursiones en la Favela Nova Brasilia.
Cabe recordar que el 18 de octubre de 1994 se realizó una incursión por parte de un grupo de policías civiles y militares que generó la muerte de 13 residentes de la Favela Nova Brasilia, cuatro de ellos niños. Algunos policías cometieron actos de violencia sexual en contra de tres jóvenes de sexo femenino, dos de las cuales eran niñas de 15 y 16 años de edad. El 8 de mayo de 1995, se realizó una segunda incursión por parte la policía que tuvo como saldo tres policías heridos y 13 personas muertas. Dos de ellos eran niños.
Las investigaciones iniciadas por la policía civil de Río de Janeiro fueron archivadas en 2009 por prescripción, sin que se esclarecieran las muertes o se sancionara a alguien por los hechos denunciados. En cuanto a las denuncias por violencia sexual, las autoridades jamás efectuaron una investigación.
En su sentencia, la Corte IDH expuso que en casos de muertes derivadas de intervenciones policiales un elemento esencial es la garantía de que el órgano investigador sea independiente de los funcionarios involucrados en el incidente. En este sentido, agrega que la investigación debe estar a cargo de un órgano diferente a la fuerza policial involucrada en el incidente, que puede ser una autoridad judicial o el Ministerio Público.
El fallo advierte enseguida que en el presente caso fue la propia policía, quien había sido acusada de responsabilidad por las muertes, la que investigó los hechos. Agrega que estas investigaciones no cumplieron con los mínimos estándares de debida diligencia en casos de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos. Además, pese a que la actuación de la policía estuvo plagada de omisiones y negligencia, otros órganos estatales tuvieron la oportunidad de rectificar la investigación y no lo hicieron. Sostiene que esto fue decisivo para la impunidad de los hechos y la falta de protección judicial de los familiares.
Asimismo, al examinar la duración de las investigaciones, la Corte determinó que se produjo una demora injustificada de 15 años atribuible al Estado, que dejó a los familiares de las víctimas en una situación de incertidumbre respecto a los responsables de los hechos y sin posibilidad de acceder a una reparación por los daños. Por estas razones la sentencia concluyó que se vulneró su derecho a las garantías judiciales de debida diligencia y plazo razonable, contenidas en la Convención Americana.
Además, en la sentencia se establece que las diligencias practicadas en la investigación fueron irrelevantes, lo que se tradujo en la denegación de justicia y contribuyó a la impunidad de los hechos. Agrega que, pese a la gravedad de los hechos, que configurarían ejecuciones extrajudiciales, las investigaciones fueron sesgadas por la preconcepción de que las víctimas habían muerto como resultado de haberse enfrentado a la policía y no se dirigieron a determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, ni encontrar a los responsables. Por lo tanto, la Corte concluyó que se vulneró el derecho a la protección judicial contenido en la Convención Americana.
Y es que las autoridades no tomaron medidas para investigar de manera diligente la violencia sexual en contra de las víctimas, ni tampoco han recibido ningún tipo de reparación por la violencia sexual sufrida. La Corte dictaminó que esta falta de actuación estatal constituyó una violación al derecho a las garantías judiciales, consagrado en la Convención Americana, así como al deber de investigar supuestos actos de tortura conforme a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y al deber de condenar todas las formas de violencia contra la mujer consagrado en la Convención de Belém do Pará.
Como consecuencia de la continuada impunidad en el presente caso, traducida en la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las muertes de las víctimas, algunos familiares sufrieron afectaciones a su integridad psíquica y moral. Igualmente, las víctimas de violencia sexual, ante la completa falta de investigación, experimentaron sentimientos de angustia e inseguridad, así como frustración y sufrimiento. Por tanto, la Corte consideró que esto constituyó una violación al derecho a la integridad personal contenido en la Convención Americana.
Así, conforme a lo anterior, la sentencia concluye ordenando diversas medidas de reparación, entre las que destacan: iniciar o reactivar las investigaciones sobre las muertes ocurridas, así como iniciar la investigación por los hechos de violencia sexual; publicar anualmente un informe oficial con los datos relativos a las muertes producidas durante operativos de la policía en todos los estados del país y con información actualizada anualmente sobre las investigaciones realizadas respecto a cada incidente resultante en la muerte de un civil o de un policía; establecer los mecanismos normativos necesarios para que en supuestos de presuntas muertes, tortura o violencia sexual derivadas de intervención policial, en que prima facie aparezca personal policial como posible imputado, se encargue la investigación a un órgano independiente y diferente de la fuerza pública involucrada en el incidente; adoptar las medidas necesarias para que el Estado de Río de Janeiro establezca metas y políticas de reducción de la letalidad y la violencia policial; e implementar, en un plazo razonable, un programa permanente y obligatorio sobre atención a mujeres víctimas de violación sexual.
Vea texto íntegro de la sentencia.
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