El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Baltasar Garzón, Manuel Ollé y Eduardo Ranz contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.
Cabe recordar que la solicitud la habían presentado ante el Consejo de Ministros el 19 de noviembre de 2015 en ejercicio del derecho de petición, regulado en el artículo 29.1 de la Constitución española y en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, y que fue contestado por acuerdo del Consejo de Ministros el 16 de septiembre de 2016.
Concretamente, los juristas pidieron al Gobierno la reconversión del Valle de los Caídos en un “Espacio de Memoria“, el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Tras conocer el fallo, los letrados Baltasar Garzón, Manuel Ollé y Eduardo Ranz han emitido un comunicado en el que adelantan su intención de recurrir de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, presentar demanda ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Esperaremos los argumentos, pero adelantamos que habrá recurso de amparo y en su caso demanda ante el TEDH. España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento que ejemplifica la revictimizacion constante de aquéllas”, han puntualizado en su comunicado.

Solicitudes concretas

Cabe recordar que los juristas pedían la transformación del Valle de los Caídos en un “Espacio de Memoria”, donde las víctimas de la dictadura y sus familiares puedan ejercer su derecho a la verdad y a la reparación, y también un lugar de identificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, con la publicación oficial de sus nombres.
También exigían al Ejecutivo la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican en el propio Valle de los Caídos y que, a su juicio, “pueden incitar al odio”.
Además solicitaba la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterrados en la Basílica y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado “pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral”.
El escrito proponía la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957 respectivamente, ya que contradicen la Constitución española y la Ley de Memoria Histórica.
“No existe – dice la demanda- mayor manifestación de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura ni mayor acto de naturaleza política exaltador que el hecho de reposar los restos de las víctimas (más de 33.000 víctimas), en la mayor fosa de España, alrededor de la sepultura del dictador, y la del fundador de la Falange, todas ellas sin identificar ni honrar su memoria”.

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