La Comisión urge a que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adopten políticas públicas, leyes, procedimientos y prácticas que garanticen la protección efectiva de los derechos humanos de las personas que viven en pobreza y extrema pobreza, y a continuar dedicando esfuerzos y recursos para erradicar la pobreza para implementar la agenda mundial para 2030 y los estándares interamericanos, con las consecuentes obligaciones internacionales en la materia.
De acuerdo a la CIDH, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos".
Asimismo, la Comisión afirma que “el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” reconoce en forma expresa “la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”.
La CIDH manifiesta que “la pobreza extrema constituye una violación generalizada de todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como sociales, económicos y culturales. Los requerimientos del derecho humano a una vida digna trascienden los contenidos igualmente fundamentales del derecho a no ser ejecutado arbitrariamente, del derecho a la integridad personal, del derecho a la libertad personal, de los derechos relacionados con el sistema de democracia representativa y de los demás derechos civiles y políticos. Asimismo, la experiencia demuestra que la pobreza extrema puede afectar seriamente la institucionalidad democrática, pues constituye una desnaturalización de la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo, en general, de los derechos humanos. Por ello, además de destinar recursos públicos por un monto suficiente para los derechos sociales y económicos de las poblaciones, los Estados deben velar por el uso apropiado de tales recursos”.
Cabe señalar, agrega la CIDH “que lo extenso y complejo del problema, así como la necesidad de buscar soluciones, ha sido reconocido por varios Estados y por la sociedad civil, e igualmente por instituciones y organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Es de resaltar que la Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 la “Agenda 2030” con la inclusión de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que regirá los programas mundiales de desarrollo durante los próximos 15 años. La referida agenda tiene por finalidad prioritaria poner fin a la pobreza en el mundo para 2030, así como erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y a la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia, entre otros”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició en 2015 un proceso para la elaboración del primer informe temático sobre derechos humanos y pobreza en las Américas. Con el propósito de recopilar información para la elaboración de dicho informe, la CIDH realizó siete visitas a Estados miembros (dos a Estados Unidos, y una a Paraguay, Bolivia, Guatemala, Guyana y Perú), en las que se reunió con autoridades estatales con responsabilidad en la materia, visitó asentamientos urbanos precarios y comunidades que viven en pobreza y pobreza extrema, además de mantener reuniones con la sociedad civil. El pasado 15 de octubre concluyó en Perú la última visita conducida por el Comisionado Vannuchi como encargado de la Unidad DESC, con miras a la elaboración del referido informe. El 17 de noviembre próximo como parte de las actividades relacionadas a la preparación del informe se realizará una conferencia de expertos en la materia, con la colaboración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Asimismo, durante el período ordinario de sesiones de la CIDH que tendrá lugar en Panamá a fines de noviembre e inicios de diciembre de 2016, se encuentra programada la consideración y aprobación del mencionado informe, para concluir el año con su lanzamiento.
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