La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 11.550 Maurilia Coc Max y otros (Masacre de Xaman), respecto de Guatemala, porque consideró que Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.

Al respecto, cabe recordar que el caso se relaciona con la masacre perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995, en contra de once personas, incluyendo tres niños, que formaban parte de la población indígena q’eqchi’, mam, q’anjob’al y ixil y k’iche que ocupaba la finca Xaman. Las personas habían estado refugiadas en México como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. En los mismos hechos, 29 personas resultaron heridas, tres de las cuales fallecieron posteriormente debido a las heridas causadas.

Así, las investigaciones realizadas por la Comisión determinaron que mientras el caso estuvo bajo conocimiento de la justicia penal militar, el Estado incumplió con su obligación de investigar de manera independiente e imparcial. Asimismo, indicó que, si bien las autoridades judiciales de Guatemala condenaron a catorce miembros de las Fuerzas Armadas por estos hechos, a lo largo del proceso hubo deficiencias e irregularidades que constituyeron violaciones del deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable, incumpliendo además su obligación de remover los obstáculos generados por las amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso.

Por último, concluyó que los hechos constituyeron una expresión de la discriminación racial ejercida contra el pueblo maya durante el conflicto armado en Guatemala.

En tanto, a través del Informe de Fondo, la Comisión recomendó a Guatemala reparar integralmente las violaciones de derechos humanos encontradas, en el aspecto material, moral y cultural, incluyendo una justa compensación, medidas de satisfacción para la recuperación de la memoria de las víctimas y para el reconocimiento público de la responsabilidad estatal por los hechos y medidas de rehabilitación mediante la implementación de un programa de atención en salud física y mental y/o psicosocial culturalmente adecuado a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, entre otras.

Finalmente, la CIDH hizo presente que el caso en comento constituye un reflejo de la situación que vivieron familias indígenas desplazadas como consecuencia del conflicto armado, al regresar a Guatemala. Específicamente, la masacre cometida en el presente caso es una expresión más de los efectos del genocidio contra el pueblo indígena Maya durante el conflicto armado, así como de la continuidad de la discriminación étnica subyacente a dicha situación.

Vea texto íntegro del comunicado.

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