La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en la ciudad de Washington su informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que aborda la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México en general así como también algunos grupos especialmente afectados. Lo anterior, surge a partir de la visita que tuvo lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance.

En el texto, la CIDH reconoce tres importantes avances: a) la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de obligar a todas las autoridades judiciales del país de realizar el control de convencionalidad; b) la decisión de la SCJN que restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles; y c) la adopción de la nueva Ley de Amparo de 2013. A lo anterior se suman otros desarrollos importantes en materia de protección de los derechos humanos.

No obstante lo anterior, el informe advierte sobre la información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria, al tiempo que se pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos, la cual se daría, adicionalmente, a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las autoridades.

Por otra parte, la CIDH adiciona al grave problema de las desapariciones, la situación de los homicidios y ejecuciones extrajudiciales, acaecidos en diversos estados de la federación mexicana, llegando la tasa de homicidios a más de 10 por cada 100.000 habitantes, lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, el informe concluye con recomendaciones al Estado mexicano en materia de seguridad ciudadana, desapariciones y desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, situación de personas y grupos en situación de particular vulnerabilidad, y acceso a la información.

Vea texto íntegro del Informe.

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