A las graves  anomalías denunciadas hasta la convocatoria  irregular de la Asamblea Constituyente y a los poderes de facto que ésta ha asumido violando la Constitución y usurpando la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, se agregan nuevos desmanes que exigen una intervención más resuelta y decisiva de la comunidad política latinoamericana para restablecer la democracia en ese país hermano.
La elección de gobernadores, realizada el 15 de octubre,  es uno de los mayores fraudes a la voluntad popular: dos días antes del acto, el Consejo Nacional Electoral, controlado  por el Gobierno de Maduro, comunicó el cambio de los lugares de votación de 700.000 votantes, creando una confusión que les impidió votar por la lejanía del nuevo destino. Además, en otra maniobra obstructiva, a última hora se incluyeron boletas de sufragio con nombres de opositores derrotados  en las primarias, lo que habilitó al Consejo Electoral para anular más de 90.000 votos de la oposición.  Por  su parte, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) denunció que alrededor de 350.000 votantes fueron intimidados o impedidos de emitir su voto.
Ante estos hechos el Secretario General de la OEA declaró que no eran dignos de reconocimiento los resultados de dicha elección de gobernadores.
La maniobra final del Presidente Maduro consistió en declarar que los Gobernadores así elegidos debían jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la amenaza de invalidar su elección y repetirla en caso de no someterse a este humillante reconocimiento de una “Asamblea Constituyente” que tiene otras funciones (Art. 347- Constitución) y que no puede sustituir a la Asamblea Nacional, en plena vigencia y legítima titular del Poder Legislativo de Venezuela.
Esta maniobra tuvo efectos devastadores en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), bastión opositor desde 2008, que agrupa a 30 partidos: 4 Gobernadores del MUD juraron ante la Asamblea Constituyente para no perder sus cargos, pese al acuerdo contrario de la oposición, la que se quebró a causa de esta actitud desafortunada.  Henrique Capriles, líder del partido “Primero Justicia” se retiró de la coalición y Ramos Allup, líder  de Acción Democrática, ha sido acusado de traicionar al MUD, negociando con Maduro para asegurar sus ambiciones políticas. Así, una oposición quebrada echa por tierra toda esperanza de restablecimiento de la normalidad democrática en el ámbito político interno. Confirma la situación insostenible que vive Venezuela la llegada a Chile de 5 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que estuvieron asilados en nuestra Embajada en Caracas y abandonaron su patria ante la imposibilidad de ejercer libremente su función jurisdiccional.
Sin embargo, en el ámbito de la OEA, está vigente  la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima en 2011, que  otorga a los pueblos de América el derecho a la democracia e impone a sus Gobiernos la obligación de promoverla y respetarla.
Su  Art. 20 prevé que si en un Estado Miembro se produce una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro (Chile por ejemplo) o el Secretaria General pueden solicitar la convocatoria del Consejo Permanente para analizar la situación y adoptar las decisiones pertinentes. 
Su Art. 21 prescribe  que si se constata la ruptura del orden democrático y resultan infructuosas las  gestiones diplomáticas, puede adoptarse la decisión de suspender a dicho Estado del ejercicio de su derecho a  participar en la O.E.A., suspensión que no sólo  afectaría a Venezuela en sus relaciones interamericanas, sino también en su posición en el Consejo de Derechos Humanos  de la O.N.U.
Es tarea del Secretario General de la OEA, don Luis Almagro, movilizar a los Estados Miembros para exigir de Venezuela su sometimiento a la Carta Democrática Interamericana. (Santiago, 6 noviembre 2017)